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Separación de Iglesia(s) y Estado

Por Cecilia Galcerán Palumbo

El jueves pasado, 10 de enero de 2013, representantes de Iglesias Evangélicas se reunieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para, luego de reinvindicar los avances en materia económico-social logrados por su gestión, pedir igualdad de derechos con la Iglesia Católica. Este es un modo de plantear el tema. Otro modo de hacerlo sería: representantes de iglesias evangélicas, en el marco de los avances económico-sociales del actual contexto político de Argentina, vieron la oportunidad de pedir por la legalidad político-económica de la que goza con exclusividad la Iglesia Católica.

Hay en Argentina alrededor de 15.000 templos evangélicos, según el informe realizado por el programa Marca de Radio de FM La Red, a cargo de la periodista Roxana Russo[1]. En donde Néstor Miguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, aclara que no quieren constituirse en persona pública como la Iglesia Católica, que es la figura jurídica que garantiza su condición de privilegio parecida a la de Jueces de la Nación y más todavía, sino que quieren igualdad de derechos con la Iglesia Católica.

Y afirma Miguez que ello sería fundamental en 2 órdenes: uno, para el funcionamiento institucional (en el informe habla de facilitar la burocracia interna); y el otro, para que si un “ministro religioso quiere asistir a alguien en la cárcel” o en el hospital pueda hacerlo sin tener que pedir permiso a la capellanía católica que goza de tal acceso.

Acceso a poder asistir a la persona desvalida. Visto más de cerca sería: ¿acceso al trabajo encubierto bajo misión ministerial o sacerdotal que pagamos todas las personas que ejercemos ciudadanía? ¿Estabilidad laboral a través del ingreso a la planta permanente de un estado societario que le encarga parte de su función social? Como sea, ha de tratarse sin dudas de una cuestión absolutamente naturalizada por quienes con buena fe no creen en que esto sea posible.

 

A fines del 2010 Apostasía Colectiva participó, junto a otras agrupaciones y activistas independientes, de una mesa de discusión de un proyecto de declaración de inembargabilidad e inejecutabilidad de inmuebles de organizaciones religiosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que planteaba lo mismo: igualdad de derechos en el marco del reconocimiento de la «pluralidad religiosa».[2] Profundizando en los términos del proyecto, se concluyó que se trataba más bien de hacer extensivos los privilegios de la Iglesia Católica a otras instituciones religiosas (evangélicas, sobre todo) como por ejemplo la inembargabilidad de bienes y exenciones impositivas. Fue tal el escándalo que se armó que tal proyecto quedó encajonado, como se dice.[3]

Si el pedido de separación entre la Iglesia y el Estado planteado el jueves pasado en la Casa Rosada significa considerar el derecho a la libertad a tener una religión y a no tenerla, y proclamar una política económica de las agrupaciones religiosas que les permita establecer lazos de fidelidad con sus fieles más autónomamente, es una cosa.

Pero si el pedido lo hacen en tanto «instituciones», entonces habrá que pensar qué significan “igualdad de derechos”, “pluralidad de cultos”, y sobre todo, “separación de la Iglesia y el Estado”, nociones que parecen buenas y a las que nadie se opondría. Porque de dinero no se habla. Y de los sistemas de opresión que se requieren poner en marcha para el sostenimiento de institucionalidades como estas, tampoco.

Una punta para empezar. En el informe citado cuando Miguez dice: “defendemos la separación de Iglesia y Estado, nosotros sostenemos que el Estado y la Iglesia tienen que ser separados para la libertad del Estado y la libertad de las iglesias. [Porque] como principio general decimos «ninguna iglesia tiene que tener una condición de iglesia de estado»”, ¿está diciendo que la separación de la Iglesia (Católica) y el Estado es requisito fundamental para que haya “libertad de las iglesias”?. Atiéndase aquí que cuando habla de separación de Iglesia y Estado acaso se refiera a la católica por eso está en singular y cuando habla de libertad de las iglesias usa el plural.

Y por otro lado, cuando dicen que “ninguna iglesia tiene que tener una condición de iglesia de estado” ¿están diciendo que sino más bien todas? O sea, ¿están pidiendo que todas las instituciones e iglesias religiosas previo reconocimiento jurídico sean bancadas por el Estado?

Esto es lo que se estará discutiendo este 2013 en la Reforma del Código Civil.

14 de enero de 2013

Notas:

[1] Informe del día 12/01 disponible en http://www.marcaderadio.com.ar/

[2] Lo que preserva a las organizaciones religiosas sospechadas de lavado de dinero a responder a juicios millonarios, tanto como cubre a las que deben afrontar denuncias por pedofilia. Y ni hablar, en Argentina, del embargo que deberían asumir por ser cómplices de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados en la última dictadura cívico-militar.

[3] A nivel nacional fue la diputada Cynthia Hotton, durante los primeros meses de 2010, quien presentó un proyecto de ley de libertad religiosa, en la misma línea política.